¿Qué futuro estamos labrando para las nuevas generaciones?

Aquiles Córdova Morán

Resulta difícil, para quienes no hacemos investigación directa, hacerse una opinión firme y segura sobre lo que sucede en el país, sobre todo en cuestiones tan delicadas y trascendentales como la seguridad pública, la educación y la salud de los mexicanos, pero particularmente la de niños y jóvenes en edad de estudiar. Sucede que siempre que la información de los medios resulta dañina o desfavorable para la imagen del Gobierno, este sale a descalificarlos acusándolos de falsear o exagerar los hechos para favorecer los intereses de los “conservadores” y los “neoliberales” corruptos que buscan sacarlo del poder. Lo más que podemos hacer los ciudadanos de a pie es diversificar, tanto como podamos, nuestras fuentes de información. No es suficiente, pero al menos demuestra nuestra buena fe.

Empiezo con la violencia. El 18 de agosto, Marcos González Díaz, corresponsal de BBC News Mundo, tituló así su nota: “«Ciudadanos como rehenes», el recrudecimiento de la violencia contra civiles por parte del narco en México”. En la parte atinente a mi tema escribe: “…el crimen campó a sus anchas por Ciudad Juárez, tras una batalla originada en prisión entre grupos locales rivales que después se extendió a la ciudad y acabó con un saldo de 11 muertos en la que (sic) la población civil fue el principal blanco de esta masacre… Ante (esto), el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta semana a opositores y medios de comunicación de utilizar lo ocurrido para generar incertidumbre y desestabilización entre la ciudadanía, y aseguró que con nada menos que 196 asesinatos de viernes a domingo en todo el país, el pasado «fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios»”.

González Díaz dice más abajo: “Lo que preocupa cada vez más es que… la población civil resulta cada vez más vulnerable al quedar prácticamente como rehén en el centro de estas disputas y ser objetivo directo de una violencia atroz e indiscriminada”. Luego aclara que no es la primera vez que sucede esto, “«Ya hubo eventos de este tipo en el pasado, pero lo que sí estamos viendo es un recrudecimiento de la violencia contra civiles. La semana pasada fue asesinado un niño, (negritas mías), vimos cómo incendiaban negocios con gente dentro, quemaban camiones… es innegable que esa violencia se está agudizando», le dice a BBC Mundo Javier Oliva, especialista en seguridad”. Creo que no es un exceso de suspicacia hacernos algunas preguntas sobre la nota citada: si quemaron tiendas con clientes en su interior, o unidades del servicio público de transporte, ¿resulta absurdo pensar que también había niños acompañando a sus madres o a un pariente mayor? ¿Es totalmente confiable la cifra de menores fallecidos en los ataques a la población civil?

Pero el daño no se reduce a esto. Según la información disponible, una buena parte de los que mueren en los enfrentamientos son jóvenes de entre 17 y 29 años, y otra parte importante son adultos, es decir padres de familia con toda probabilidad; y lo mismo cabe decir de muchas víctimas inocentes, que son padres y madres de familia. Hay que preguntarse, entonces, ¿cuántos niños y niñas quedan en la orfandad e irremediablemente traumatizados por la violencia feroz que los golpea? ¿Cuántos adolescentes y jóvenes, que deberían estar en la escuela, en la universidad o desempeñando un trabajo productivo, mueren lastimosamente en estos combates? En otras palabras: ¿de qué tamaño es el costo social que la violencia sin control está cobrando a los mexicanos, a sus ciudadanos de hoy y del futuro próximo? Nadie lo sabe con exactitud.

María Santacecilia, del portal alemán Deutsche Welle, informó el 18 de agosto: “Un reciente informe cuantifica el número de víctimas de homicidios entre menores en el primer semestre de 2022 en México (negritas mías). Son números que reflejan una dolorosa realidad de la que poco se habla”. Santa Cecilia comenta que son muy pocos los casos que llegan a las páginas de la prensa, como el de Jorge Luis Juárez López, de 13 años, asesinado en marzo en su domicilio de Xochitlán, Puebla; o el de un niño de 10 años que fue asesinado a finales de junio por “hombres armados” que entraron en su casa en la colonia La Villita, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Junto a él, hallaron el cadáver de su mascota, un perro.

Estos casos son garbanzos de a libra. “La gran mayoría quedan en el más estricto silencio… Solo en los primeros seis meses de 2022, hubo 1,272 homicidios contra menores de entre 0 y 17 años”. “Son cifras oficiales, nadie puede decir que maneja otros datos”, dice Santacecilia. “Aunque niños, niñas y adolescentes son un tercio de la población, más de 33 millones de seres humanos… no pareciera haber una conciencia respecto a esta realidad que está sucediendo en los barrios, en las rancherías, en los municipios, en las calles…” Esto dice Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), precisa Deutsche Welle. Uno de cada cuatro homicidios de niños, niñas y adolescentes ocurrió en los estados de Michoacán, Guanajuato y Zacatecas; esto tiene que ver con “disputas por territorio… Pero también son las condiciones que el crimen organizado encuentra por parte de las instituciones, y de los estados, donde «a menudo la coyuntura política facilita o dificulta la expansión de la violencia», concluye la experta”.

Son muchos los medios y reporteros que denuncian el creciente número de niños y adolescentes que, por voluntad propia o a la fuerza, se enrolan con el crimen organizado como simples espías, “burreros”, e incluso como sicarios. He visto fotografías de niños no mayores de 10 años, vestidos con harapos y con un cuerpo debilucho, portando un arma larga y con mirada que parece decir que la saben usar y están decididos a hacerlo. Son imágenes desgarradoras que deberían movernos a actuar como sociedad, especialmente al Gobierno, que tiene todo, incluida la obligación legal, para frenar esta catástrofe social.

Junto con el crimen organizado, hay otros factores negativos que explican tan terrible descomposición social. Cada vez que se acerca el día del niño o el del estudiante, llueven cifras y descripciones abrumadoras sobre la explotación del trabajo infantil, la falta de oportunidades para adolescentes y jóvenes y la situación de pobreza lacerante de sus familias, que los obliga a abandonar la escuela para trabajar en lo que sea con tal de contribuir al gasto familiar. En México estamos muy lejos de garantizar un empleo formal, con salario digno y verdadera protección social a toda la población económicamente activa, por lo que no sorprende que niños y jóvenes queden totalmente fuera del radar de patrones, Gobierno y autoridades laborales.

Y no es todo. El sistema de salud pública siempre gozó de mala fama por su falta de calidez, de prontitud en la atención de los pacientes y la carencia de especialistas competentes para los enfermos difíciles o graves. Con todo, representaba la única opción al alcance de la población de bajos ingresos. Pero llegó la 4T y suprimió de tajo el Seguro Popular, muy demandado de la gente, por cierto, y en su lugar creó el INSABI, cuya tarea era la cobertura universal gratuita y de calidad. Todos sabemos en qué paró el invento: hoy 35 millones de personas de bajos ingresos no tienen acceso a ningún tipo de medicina si no la pagan de su bolsillo. Es verdad que por declaraciones y promesas no paramos; una y otra vez el Ejecutivo Federal repite que hoy el servicio médico es universal y gratuito, pero en los hechos, los hospitales están saturados, resulta un milagro contar con el especialista adecuado; las medicinas y materiales de curación escasean y las cuotas “de recuperación” han subido de tal modo que resultan prohibitivas para los más pobres.

El portal cronica.com.mx del 27 de agosto informó que “Padres de niños con cáncer exigen por enésima vez abasto de medicinas”. “Al grito de «Quimios sí, desabasto no»… más de 350 personas… salieron desde el Auditorio Nacional con rumbo a Palacio Nacional, para exigir que se cumpla la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, cuando ha tocado este tema en Palacio Nacional en sus conferencias, no se ha cansado de decir que los fármacos para niños con cáncer no faltarán”. Pero siguen faltando, como lo prueba la protesta mencionada. Así se cuida la salud de niños, niñas y jóvenes.

Y falta la educación. Los especialistas concuerdan en que la educación nacional, un derecho humano y constitucional básico, es zona de desastre. Los recortes al presupuesto respectivo se han sucedido año con año; el poco dinero destinado a infraestructura escolar se entrega a los padres de familia para que ellos lo inviertan a su leal saber y entender, sin ser ingenieros, arquitectos o pedagogos; se suprimieron las escuelas de tiempo completo que daban alimento y educación de calidad a varios millones de estudiantes de bajos ingresos. Ya antes de la pandemia éramos el penúltimo lugar entre los países de la OCDE, pero la Covid-19 agravó la situación con el cierre de las escuelas y el consiguiente rezago de los alumnos, en especial los más pobres, que carecían de las condiciones mínimas para recibir la educación a distancia. Aumentó la deserción escolar, que se estima en no menos de tres millones de jóvenes y niños. Y la SEP, lejos de volcarse en la atención del rezago y de la gigantesca deserción, se ha dedicado a crear un nuevo Marco Curricular y un Plan de Estudios 2022 para la Educación Básica Mexicana.

Carlos Elizondo Mayer-Serra, en REFORMA del 28 de agosto, cita textualmente del documento original: “En la educación pública obligatoria ha prevalecido un discurso que argumenta las desigualdades sociales, económicas y culturales sobre la base de cualidades individualizantes como son las «inteligencias», «competencias», «talentos», «facultades innatas», «dones», que tienen que ser estandarizadas y objetos de medición para distinguir a unos de otros bajo la lógica de que existen infancias inferiores que fracasan y otras que son superiores y destacan”. “Esto ha dado paso a un tipo de institución educativa que es valorada, no por su capacidad para enseñar, aprender y favorecer la construcción de relaciones educativas, pedagógicas, sociales y culturales, sino por su función distributiva de las trayectorias de las y los estudiantes, la cual se aboca preponderantemente a la formación de capital humano”.

Mayer-Serra no desdeña la importancia de “… inculcar valores, comprensión de la compleja realidad social, respeto por el medio ambiente y por la diversidad”. “Pero -añade- sin competencias sólidas en lectura, matemáticas y ciencias, no podrán tener una vida laboral ni cívica plena”. Más abajo explica el enfoque del nuevo Plan porque “…la ideología les impide entender cómo funciona el mercado de trabajo en el capitalismo. Esto es muy grave. Sin una población educada es imposible crecer en forma sostenida en un mundo de cambio tecnológico acelerado”. Esto es verdad. Los marxólogos de la SEP no entienden por qué el precio de las mercancías no lo fija cada productor individual, sino el mercado, ya que es aquí donde la sociedad convierte, mediante la oferta y la demanda, el trabajo individual en trabajo socialmente necesario y, en función de éste, fija el precio. Por tanto, ningún aprendiz de brujo puede imponer al capital el tipo de trabajador para sus empresas; y si repudia el carácter del profesional que demanda, no tiene más salida que derribar el sistema completo y sustituirlo por otro que sí se acople al tipo de profesional que a él se le ocurra formar. De lo contrario, creará un conflicto insoluble entre oferta y demanda de trabajo y, por tanto, paralizará la producción de bienes y servicios en perjuicio de la sociedad entera.

Violencia incontenible, pobreza familiar, carencia de acceso a la salud de calidad y, ahora, un Plan de Estudios que quiere someterlos al lecho de Procusto de sus prejuicios anticapitalistas sin romper con el capital, son las tres plagas que se abaten sobre nuestros niños y jóvenes en edad de estudiar. Por eso, término repitiendo mi pregunta: ¿qué futuro estamos labrando para las nuevas generaciones? Pienso, con toda honestidad, que aquí hay un problema que debemos resolver entre todos, y no dejárselo solo al Gobierno si queremos salvar a nuestros hijos de un futuro de pobreza y atraso en todos los órdenes.

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