Jesús Belmont Vázquez
Consulta popular
Congreso de la Unión.- La Consulta Popular es un “pseudoejercicio” democrático que genera un grave daño a los derechos humanos e impide el acceso a la justicia.
Al fijar la postura de la bancada del PRD sobre el dictamen del decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, el diputado federal Jesús de los Ángeles Pool Moo, dijo que “la justicia no es un asunto que deba estar al gusto del pueblo en una plaza pública, ni del titular del Ejecutivo, es un asunto de legalidad e institucionalidad, así como de protección y restitución de los derechos humanos”.
Reiteró que el PRD ha expresado su desacuerdo con la realización de esta consulta, “debido a que la intención del presidente López Obrador resulta violatoria de los derechos humanos, ya que conlleva en sí una restricción de los mismos al condicionar la efectividad y ejecución de los mecanismos de procuración de justicia, al resultado de esta consulta popular.
Adelantó que su bancada va en contra, ya que se trata de “una consulta que no es consulta, con una pregunta que no pregunta nada, y sin consecuencia legal alguna y que adicionalmente no tiene asignado recurso presupuestal”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera Badillo, afirmó que el dictamen del decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, tiene por objeto su aplazamiento hasta el 15 de julio de 2021, con el propósito de no generar un efecto indeseado de propaganda gubernamental y de garantizar absoluta certeza.
Lo anterior, al fundamentar el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo Primero Transitorio del decreto que
expide la Convocatoria de Consulta Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de octubre.
Detalló que la finalidad que el decreto y la respectiva convocatoria entren en vigor el jueves 15 de julio de 2021, tiene “el propósito de no generar un probable efecto indeseado sujeto a interpretación”.
Recordó que el pasado 22 de octubre la Cámara Diputado aprobó este proyecto el cual inició su vigencia el 28 de octubre; sin embargo, no se consideró lo dispuesto por el artículo 35 constitucional “que en una interpretación literal dispondría la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada”.
Explicó que esta reforma “confirma, de manera indirecta, la continuidad de la propaganda gubernamental para procurar el derecho de acceso a la información pública oficial en forma suficiente y fidedigna”.
EN EL TALLER “Hacia una regulación en materia de plásticos desechables”, legisladores y especialistas analizaron distintas líneas de acción para establecer un marco regulatorio sólido que propicie, por encima de cualquier interés, el desarrollo sostenible y el derecho a un medio ambiente sano.
El diputado federal del PVEM, Roberto Rubio Montejo, manifestó que la creación de una ley nacional que regule los plásticos de un solo uso es fundamental, ya que este tipo de desechos representa uno de los principales contaminantes en el mundo.
Subrayó que desde la Cámara de Diputados también se busca que haya gradualidad en esta materia, para no poner en riesgo los empleos de las personas que se encuentran inmersas en la economía del plástico. “Nuestra prioridad es el desarrollo sostenible y sólo lo lograremos garantizando el derecho a un medio ambiente sano para los mexicanos”.
Dolores Barrientos, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aseguró que la participación de los gobiernos locales y de la sociedad civil son
piezas clave para avanzar en el tratamiento de los plásticos en las distintas regiones del país.
Indicó que la Ley Federal de Manejo de Residuos debe incorporar la restricción de bolsas, popotes y todos aquellos productos derivados del unicel, ya que este material provoca enfermedades como el cáncer.
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