Jesús Belmont Vázquez
La consulta
Congreso de la Unión.- El llamado al pueblo del presidente López Obrador para realizar una consulta popular y decidir si se enjuicia o no a los expresidentes de la época neoliberal por supuestos actos de corrupción, en nada contribuye al fortalecimiento de la democracia ni de las instituciones, ni mucho menos al estado de Derecho y al imperio de la ley.
La actitud asumida por el Presidente se asemeja a la del César que en el circo romano dejaba en manos del pueblo si un gladiador debía vivir o morir.
Detrás del planteamiento del inquilino de Palacio Nacional se esconde el solo interés de orquestar una nueva campaña contra los políticos del pasado en la que el bando de los buenos e incorruptibles está de su lado.
El presidente López Obrador se burla de las leyes y las instituciones de justicia al anteponer una consulta popular para enjuiciar a sus antecesores como si no existieran los conductos legales y procesos judiciales para llevar a la cárcel a presuntos delincuentes acusados de corrupción, como es el caso de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.
AMLO pretende que la consulta sea el 6 de junio del año entrante, día de las elecciones más grandes en la historia del país y en el que estarán en juego más de 21 mil cargos, entre estos 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados, donde su partido Morena se disputará la mayoría que actualmente mantiene.
Sin embargo, la ley señala claramente que de realizarse la citada consulta popular, debe realizarse el 1 de agosto, siempre y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine su procedencia y constitucionalidad.
En este tenor, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición del presidente López Obrador para realizar una consulta popular sobre la viabilidad de abrir procesos legales en contra de los expresidentes de México en los pasados cinco sexenios.
Con fundamento en la fracción I, del artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, envió la petición, junto con la propuesta de pregunta formulada, a la SCJN para que ésta resuelva la constitucionalidad de la materia de la consulta y tendrá un plazo de hasta 20 días naturales para responder.
Además, el senador giró instrucciones para que el documento sea publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores.
De acuerdo con la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, el Ejecutivo propuso la siguiente pregunta:
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
En las consideraciones de la petición, afirmó que este ejercicio “es en sí mismo un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales.
El Presidente de la República también consideró que la petición no contraviene la limitación establecida en el numeral tres, fracción VIII del artículo 35 constitucional, en el sentido de que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección.
La consulta, apuntó, tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y
posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso.
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