Jesús Belmont Vázquez
Fuerzas armadas y comercio exterior
Congreso de la Unión.- La corrupción y el narcotráfico a través de las puertas del comercio, puertos y aduanas, fueron los argumentos del presidente López Obrador para transferir su control al Ejército y la Marina, cuando lo indicado hubiese sido realizar las pesquisas pertinentes y meter a la cárcel a corruptos y mafiosos.
El anuncio prendió las alertas entre los empresarios dedicados a la exportación e importación de mercancías, quienes consideran que la medida pone al país en una posición de alto riesgo que podría afectar los flujos comerciales e incrementar la desconfianza como destino de capitales.
A estas alturas del gobierno de la 4T, las Fuerzas Armadas han desplazado a mandos civiles en una docena de labores que van desde la seguridad pública con la Guardia Nacional hasta la construcción de obras como la terminal aérea de Santa Lucía y la atención sanitaria por el Covid-19.
En una decisión que provocó incluso la renuncia de Javier Jiménez Spríu a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el presidente López Obrador decidió otorgar el mando de los puertos, aduanas terrestres y marítimas a las fuerzas militares, las cuales se encargarán de la administración y supervisión de estos puntos vitales para nuestro comercio exterior.
Sumadas a su nueva tarea en las aduanas y puertos, los militares están encargados de la construcción del aeropuerto de Santa Lucia, las dos mil 700 sucursales que el Banco del Bienestar tiene programadas, dos tramos del Tren Maya y la remodelación de decenas de hospitales para atender la contingencia sanitaria del Covid-19.
Otras tareas encargadas por AMLO a los militares son la remodelación de nosocomios abandonados por los gobiernos anteriores, asistencia médica y social durante la pandemia, combate al huachicoleo, contención de migrantes en la frontera sur, distribución de recursos de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, entre otras.
Sin embargo, la orden del titular del Ejecutivo deberá enfrentar un proceso legislativo para poder entrar en funcionamiento.
El Presidente deberá echar a andar toda su maquinaria legislativa representada por Morena y partidos aliados, pues para cumplir con su mandato se deberán reformar un paquete de leyes como la de Administración Pública Federal, la de Puertos, la de Navegación y Comercio Marítimos, y por supuesto, sus respectivos reglamentos, entre otras legislaciones.
Legisladores de partidos de oposición sostienen que el presidente López Obrador debe ampliar la información que respalde su decisión de otorgarle dicha tarea a las Fuerzas Armadas.
Opinan que su propuesta carece de sustento jurídico, incluso la calificaron de inconstitucional y demandaron al Ejecutivo federal la actualización del cuerpo jurídico y normas administrativas para generar un modelo de gobierno más amplio para una administración estratégica del territorio marítimo.
Lo que mantiene en alerta a la oposición es la tendencia creciente del Presidente de atribuirle tareas civiles a los cuerpos militares, reacción que es compartida por la cúpula empresarial.
De materializarse la propuesta, las Fuerzas Armadas tendrán a cargo las labores administrativas y de seguridad de estos puntos estratégicos para el comercio exterior, decisión que traerá consigo una serie de implicaciones para el sector marítimo nacional e internacional.
Cabe recordar que la propuesta presidencial no es nueva; en octubre pasado diputados de Morena presentaron un paquete de reformas a las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos, con el fin de que la Secretaría de Marina asumiera el control de esos recintos comerciales. Dicha propuesta fue negociada por las fuerzas políticas en San Lázaro, pero no se logró un consenso y a la fecha permanece congelada.
Debido a su red de 117 puertos y terminales habilitadas, así como a sus 49 aduanas distribuidas sobre todo en la frontera norte, México
posee una posición privilegiada para el comercio mundial.
Durante el primer semestre del presente año, el Sistema Portuario Nacional movilizó más de 135 millones de toneladas de carga, cifra 12.4 por ciento inferior en relación al mismo periodo de 2019.
En lo que respecta al movimiento de petróleo y derivados, esta actividad totalizó 53.5 millones de toneladas, que representan el 39.6 por ciento del total nacional.
Los graneles minerales alcanzaron 31.5 millones de toneladas, que corresponden al 23.3 por ciento del total y los agrícolas participaron con 9.1 millones de toneladas, equivalentes a 6.7 por ciento.
Igualmente, durante el referido período la recaudación bruta de la Administración General de Aduanas (AGA) fue de 420 mil 900 millones de pesos, cifra 15.86 por ciento menor a la reportada durante el primer semestre de 2019 debido en gran medida a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
Los puertos de Manzanillo, Veracruz, Tuxpan y Lázaro Cárdenas, se ubican dentro de las aduanas con mayor recaudación en el primer semestre del año. En conjunto, las cuatro aduanas aportaron 36.8 por ciento del total recaudado entre enero y junio de 2020.
Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), nuestro país es el tercero mejor conectado en comercio marítimo en América Latina, y en sus puertos se lleva a cabo el comercio exterior que durante 2019 representó movimientos por 464 mil 268 millones de dólares.
Los encargos a las Fuerzas Armadas suponen el riesgo de sobre utilizarlas en tareas que no son de su competencia, aunque habría que preguntarse si los altos mandos no pedirán en el futuro cercano más juego político a cambio de tales labores.