Jesús Belmont Vázquez
Rescatando al pueblo
Congreso de la Unión.- Si bien el confinamiento social establecido a raíz de la pandemia del Covid-19 obligó al gobierno federal a redireccionar algunas de sus prioridades y políticas públicas, la reactivación de la economía es una medida urgente que demanda de acciones firmes y concretas.
Un factor que influye en gran medida en la necesidad de buscar acuerdos con la iniciativa privada para impulsar la economía, es el hecho que el gobierno federal enfrentará al finalizar 2020 un elevado déficit fiscal que reducirá su margen de maniobra en el manejo de los recursos públicos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima una caída de 570 mil millones de pesos al cierre del año en los ingresos tributarios y petroleros, debido a la baja en las entradas de dinero respecto a lo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación y a los gastos imprevistos para atender la emergencia del Covid-19.
Por su parte los recursos por aprovechamientos denominados “otros, otros”, considerados por los analistas como la “caja negra” de los ingresos públicos, en el primer semestre del año alcanzaron una cifra récord en último lustro.
Datos de Hacienda señalan que estos ingresos fueron de 63 mil 130 millones de pesos entre enero y junio, monto que representa un incremento de 81 por ciento en términos reales frente a igual lapso del año pasado. Aun así, dichos recursos en poco contribuyen a aminorar el elevado déficit fiscal contemplado al término del año.
Por ello resulta inexplicable el desaire del presidente López Obrador al ofrecimiento hecho por los hombres de negocios que mediante el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura contempla inversiones por más de 859 mil millones de pesos en un total de 147
proyectos en los sectores de transporte, telecomunicaciones, servicios básicos y turismo.
A nueve meses de la presentación del citado Acuerdo (noviembre 26 de 2019) en el que estuvieron presentes el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Bancos de México y el Consejo Mexicano de Negocios, las pláticas entre los empresarios y el gobierno de AMLO se encuentran estancadas, al igual que los 72 proyectos que iniciarían este año con una inversión de 431 mil millones de pesos.
Hasta el momento, el Presidente no ha dado muestras de interés por reanudar el diálogo con los empresarios que ofrecieron invertir en proyectos como un segundo piso de Indios Verdes a la caseta de la México-Pachuca, un estadio de Grandes Ligas en Monterrey, ampliaciones en nueve aeropuertos, trabajos en dos puertos, un gasoducto y la conclusión y rehabilitación en dos coquizadoras.
El presidente López Obrador aseguró ayer que a través de un modelo nuevo, la economía popular ya se está levantado.
Mediante un video precisó que la pandemia ha provocado tristeza y dolor en los mexicanos, ante el impacto a la economía.
“La pandemia nos trajo dolor, tristeza, pero también nos afectó en lo económico”, dijo AMLO.
El Presidente fue muy preciso cuando dijo que el nuevo modelo económico tiene el objetivo de rescatar al pueblo, y no a la élite empresarial.
“Ya no es como antes que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios. Ahora se está rescatando el pueblo”, fue el mensaje presidencial que, en nuestra opinión, alienta la incertidumbre sobre la puesta en marcha del ambicioso plan de infraestructura del sector empresarial.
Hasta el momento no hay fecha para refrendar este impulso a la inversión privada, aunque el sector empresarial espera que se reconsidere la captación de capitales porque los proyectos pueden servir en mucho para la reactivación económica.
La inversión sería 100 por ciento privada y el compromiso del gobierno federal fue acelerar trámites; “quitar trabas”, fue el
ofrecimiento de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
En aquella ocasión cuando se anunció con bombo y platillo el acuerdo de infraestructura, la banca privada puso sobre la mesa 600 mil millones de pesos listos para financiar las obras, y a estas alturas del año se sumarían 218 mil millones provenientes de las Afore, Fibras y recursos extranjeros.
A raíz de la presentación de la reforma al sistema de pensiones en Palacio Nacional el pasado 22 de julio, hubo quienes pensaron que con ello se podría dar inicio a una “operación cicatriz” entre los líderes del sector empresarial y el presidente López Obrador, pero a pesar de ello no ha habido una respuesta para ejecutar el citado plan de infraestructura.
Todo parece indicar que AMLO solamente utilizó para la foto aquel acuerdo que representaba un cúmulo de inversiones, y que básicamente lo único a lo que se comprometió el gobierno federal fue a agilizar los trámites administrativos para la realización de las obras contempladas en el documento.
Después de nueve meses de espera y ante la indiferencia de AMLO por retomar el acuerdo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) decidió tocar las puertas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para echar a andar un plan que incluye 230 proyectos de infraestructura que suman inversiones por 300 mil millones de pesos.
Los proyectos representan inversiones considerables con las que se busca hacer frente a las afectaciones económicas que sufrieron las entidades a causa de la pandemia del Covid-19.
Sí, estamos de acuerdo en ayudar a los pobres, pero los hombres de negocios y empresarios son quienes crean las fuentes de trabajo. Si la idea del Presidente es darle dinero a los sectores más vulnerables y desprotegidos y abandonar a su suerte a quienes crean empresas y empleos, además de desdeñar grandes proyectos de inversión, ¿a dónde irá el país?
Jesus.belmontt@gmail.com